3) Elabore un texto argumentativo sobre el derecho
de las personas a una vivienda digna. (1,5 p.)
Es fácil decir lo que dice
nuestra Constitución: todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Pero,
ese mandato, ¿a quién va dirigido? ¿Al parlamento, que es quien redacta las
leyes? ¿Al gobierno, que es quien dirige el país? ¿A los bancos, que son los
que al final tienen la llave de nuestra felicidad? Yo creo que más bien es un
deseo vacío de contenido, una ilusión utópica. En el siglo XXI sabemos llegar a
Marte, pero somos incapaces de garantizar a cada ser humano lo imprescindible
para su dignidad: educación, salud, trabajo y sí, también una casa.
La historia reciente nos enseña
cómo la vivienda no es un derecho, sino una fuente de ingresos desorbitados para
unos pocos, bancos, constructores e inmobiliarias, una tentación gigantesca
para gobiernos, sobre todo locales, y un motor engañoso de la economía
nacional. De paso, la herramienta ideal para destruir paisajes naturales o
entornos de valor medioambiental. Durante más de diez años en este País se ha
construido a un ritmo insostenible, más que en varios países de Europa juntos.
Había dinero para todo, aunque el suelo y el ladrillo estuviera por las nubes.
Aunque fueran viviendas para nadie, para revender, para hacer crecer eso que se
llamó la burbuja inmobiliaria. Burbuja que pinchó de golpe y que se ha llevado
por delante no solo a empresarios avariciosos que invirtieron sin freno, sino a
personas muy normales que compraron su casa con mucho esfuerzo a un precio
imposible, que se han quedado sin trabajo y que ahora se ven desesperados y en
la calle.
¿Qué debe hacer el
Estado ahora? ¿Lavarse las manos? ¿Decir “mala suerte? Desde mi punto de vista
debería hacer caer el peso de este desastre sobre sus culpables. En primer
lugar, los especuladores. Los empresarios que se hayan entrampado, allá ellos.
Corrieron su riesgo. En segundo lugar, los bancos. Si dieron créditos de manera
irresponsable, ahora no exijan responsabilidad a sus deudores. Estamos ante un
caso de emergencia nacional. Nadie puede ser expulsado a la calle por haber
perdido su trabajo y no poder pagar una hipoteca razonable. Ni un desalojo, ni
un desahucio más por eso, porque lo dice la Constitución y lo dice el sentido
común: todos tenemos derecho a una vivienda digna.
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